La reforma a la salud vuelve a aparecer en los titulares cada vez que avanza o se frena en el Congreso, y eso provoca una confusión frecuente: muchas personas creen que ya cambió la manera en que reciben atención médica. No es así. A mediados de 2026, lo que se discute sigue siendo un proyecto de ley, no una norma vigente. Mientras el Congreso no lo apruebe en todos sus debates y no se cumplan los pasos para su entrada en vigor, el sistema de salud continúa funcionando con las reglas actuales.
El proyecto se identifica como PL 312 de 2024 – 410 de 2025. Ya superó su paso por la Cámara de Representantes, donde fue aprobado, pero hoy está detenido en la Comisión Séptima del Senado, la célula legislativa encargada de los temas de salud y seguridad social. Allí se concentra la discusión que mantiene el trámite en suspenso.
Qué significa que sea un proyecto de ley y no una ley
Conviene precisar el vocabulario, porque de él depende entender bien la noticia. Un proyecto de ley es una propuesta de norma que todavía está en discusión. No obliga a nadie, no modifica derechos ni crea instituciones por sí solo. Solo cuando termina su recorrido en el Congreso y se surten los pasos posteriores para su vigencia pasa a ser ley y empieza a producir efectos.
En Colombia, un proyecto de ley ordinario debe surtir cuatro debates. Dos en la Cámara de Representantes: primero en la comisión correspondiente y luego en la plenaria. Y dos en el Senado: otra vez, primero en su comisión y después en la plenaria. La reforma a la salud ya cumplió los debates de la Cámara. Le faltan los dos del Senado, y es en el primero de ellos, el de la Comisión Séptima, donde quedó varada.
Esto explica por qué las EPS, las clínicas, los hospitales y la afiliación de cada persona siguen operando como hasta ahora. Ninguna de las medidas del proyecto aplica mientras no se convierta en ley. Si usted cotiza al sistema, recibe atención o tramita una autorización, lo hace bajo el marco vigente, no bajo el texto que aún se debate.
El nudo de la financiación
El obstáculo principal en este momento no es abstracto, sino muy concreto: el dinero. La mayoría de la Comisión Séptima condicionó continuar el debate a que el Gobierno presente un aval fiscal claro y suficiente; es decir, una certificación que demuestre de dónde saldrían los recursos para sostener el nuevo modelo y que esos recursos alcanzan.
El Ministerio de Salud sostiene que ese aval existe y que el modelo es viable. Varios senadores responden que no basta con afirmarlo: piden cifras detalladas y fuentes verificables, esto es, datos de ingresos y gastos que se puedan revisar y contrastar. Mientras esa diferencia no se resuelva, el debate no avanza.
Por eso la discusión se aplazó, en parte, hasta que se defina la Ley de Financiamiento. La lógica es sencilla: si la reforma depende de recursos nuevos, primero conviene saber con qué ingresos contará el Estado. Atar un debate al otro es una decisión sobre los tiempos legislativos, y es precisamente el manejo de esos tiempos lo que hoy resulta determinante para el proyecto.
Las dos visiones de modelo en discusión
Detrás de la discusión fiscal hay dos maneras distintas de organizar el sistema. Conviene insistir en algo: ninguna está vigente; ambas son propuestas sobre la mesa.
La primera, impulsada por el Gobierno, plantea un aseguramiento público único. En ese esquema, cada persona quedaría adscrita a un territorio, y la afiliación se organizaría por zonas geográficas en lugar de depender de una entidad que el usuario elige. Esto eliminaría a las EPS, o gestoras, tal como funcionan hoy. La idea de fondo es que el Estado coordine de manera directa la atención según el lugar donde vive cada persona.
La segunda es una alternativa de modelo mixto. Aquí aparecería una figura llamada Gestoras de Salud y Vida, que seguirían manejando el riesgo en salud y la operación del día a día: redes de prestadores, autorizaciones y seguimiento a los pacientes. La diferencia central es que el riesgo financiero lo asumiría la ADRES, la entidad que administra los recursos del sistema. Dicho de otro modo, una entidad operaría la atención y otra respondería por los recursos.
La distinción entre riesgo en salud y riesgo financiero es técnica, pero importa. El riesgo en salud tiene que ver con gestionar que las personas se atiendan bien y a tiempo. El riesgo financiero es la responsabilidad de que los recursos cubran ese gasto. Separar ambos, o concentrarlos en una sola entidad, cambia quién responde cuando algo falla. Cada visión reparte esas responsabilidades de forma distinta, y de ahí nace buena parte del desacuerdo.
Qué pasa si el proyecto se archiva
Aquí está el punto que más inquietud genera. Para no archivarse, el proyecto necesita surtir los debates que le faltan dentro de la legislatura, es decir, dentro del periodo de sesiones del Congreso previsto para ello. Si no se aprueba en los tiempos que marca el trámite, opera el archivo.
Que un proyecto se archive significa que termina su recorrido actual. No se convierte en ley, no produce efectos y el trabajo legislativo realizado hasta ese momento queda sin valor normativo. En la práctica, habría que empezar de cero.
Ahora bien, archivar no equivale a prohibir para siempre. Un proyecto archivado puede volver a radicarse; esto es, presentarse de nuevo como un proyecto distinto, con su propio número y su propio recorrido por los cuatro debates. Que se archive una versión no cancela el debate de fondo: simplemente obliga a reiniciarlo si se decide insistir en la propuesta.
Para una persona del común, el efecto práctico de un archivo es claro: en lo inmediato, nada cambia. El sistema sigue funcionando con las reglas de hoy. Las EPS continúan operando, la afiliación se mantiene como está y los procedimientos para acceder a los servicios no se alteran. La diferencia es de agenda política, no de derechos vigentes en ese momento.
Cómo leer las noticias sobre la reforma sin confundirse
Como el tema avanza por etapas, ayuda tener algunas claves para interpretar lo que se publica:
- Aprobado en Cámara no es aprobado en el Congreso. Falta todo el trámite en el Senado, y un proyecto puede frenarse en cualquiera de los debates pendientes.
- Aprobado en comisión no es ley. Después de la comisión viene la plenaria de la misma corporación y, si los textos difieren entre Cámara y Senado, una etapa de conciliación.
- Aval fiscal no es lo mismo que presupuesto ejecutado. Es una certificación sobre la viabilidad financiera de la propuesta, no recursos ya disponibles.
- Suspender el debate no es archivar. Aplazar mantiene vivo el proyecto; archivar lo da por terminado.
- El modelo del Gobierno y el modelo mixto son propuestas. Ninguno rige hoy. Mientras no haya una ley aprobada y vigente, el marco aplicable sigue siendo el actual.
Estos matices importan porque las decisiones de las familias y las empresas no deberían tomarse sobre supuestos. Una compañía que afilia a sus trabajadores, por ejemplo, no necesita ajustar nada por un proyecto que todavía se debate. Lo que la obliga es la norma vigente.
Qué vigilar en los próximos meses
Sin anticipar resultados, hay tres elementos que pueden marcar el rumbo del trámite. Primero, si el Gobierno presenta el aval fiscal con el nivel de detalle que pide la Comisión, o si la diferencia sobre las cifras persiste. Segundo, cómo se resuelva la Ley de Financiamiento, porque de ella depende, en parte, el calendario del debate. Y tercero, los tiempos de la legislatura: si los debates pendientes alcanzan a surtirse antes de los plazos del trámite, el proyecto continúa; si no, se activa el archivo y la discusión tendría que reiniciarse en una eventual nueva radicación.
Lo razonable, para ciudadanos y empresas, es seguir el tema por fuentes oficiales, como la Gaceta del Congreso y los comunicados del Ministerio de Salud, y distinguir siempre entre lo que es proyecto, lo que está suspendido y lo que ya es ley. Esa distinción ayuda a evitar decisiones apresuradas.
Este contenido es informativo y de divulgación jurídica. No constituye asesoría legal para un caso concreto ni reemplaza el estudio particular de una situación. Si usted o su empresa tienen una duda específica sobre afiliación, prestación de servicios de salud o el alcance de la normativa vigente, lo aconsejable es consultar con un abogado de su confianza, que pueda analizar los hechos puntuales. Puede ampliar información general en asesoriasjuridicas.com.co.
