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Continue readingLa segunda vuelta presidencial se celebró este 21 de junio de 2026. Según reportaron medios como El Tiempo y CNN a partir del preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil (boletín número 54), Abelardo de la Espriella sumaba alrededor de 12.959.515 votos frente a los 12.708.695 de Iván Cepeda, una diferencia cercana a 250.820 sufragios. Sería uno de los márgenes más estrechos que se recuerden en una elección presidencial colombiana: menos de un punto porcentual separaría a las dos fórmulas. De la Espriella concurrió con José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial; Cepeda, con Aída Quilcué.
Hay que precisar algo desde la primera línea, porque ahí se concentra casi toda la pregunta jurídica de estos días: ese dato es preconteo, no resultado oficial. El preconteo es un conteo preliminar e informativo que la Registraduría divulga la misma noche electoral; no declara presidente. El resultado con valor legal nace del escrutinio, a cargo de las comisiones escrutadoras y del Consejo Nacional Electoral (CNE), y ese acto de declaratoria todavía puede ser objeto de reclamaciones administrativas y, eventualmente, de una demanda de nulidad electoral ante el Consejo de Estado. Por eso lo correcto, a esta hora, es hablar de quién aventaja en el preconteo, no de un ganador definitivo.
En las horas posteriores al cierre, la campaña de Cepeda reconoció el preconteo como un dato preliminar todavía no oficial ni vinculante y anunció que impugnaría entre 31.000 y 33.000 mesas durante el escrutinio. El presidente Gustavo Petro, por su parte, ha mantenido reparos públicos sobre el sistema electoral, en línea con cuestionamientos que ya había formulado en torno a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026. La Registraduría, observadores y auditorías externas han respondido a esas observaciones a lo largo del ciclo. Sin tomar partido en ese debate, lo que sigue explica el camino jurídico que define un resultado en Colombia.
El preconteo y el escrutinio son dos cosas distintas. El primero es un reporte ágil que se alimenta de la transmisión de los datos de las mesas; sirve para informar al país esa misma noche, pero no produce efectos jurídicos. El segundo es un procedimiento reglado, documentado y verificable, que parte del acta de cada mesa y termina en la declaratoria de la elección. Mientras el preconteo es rápido y provisional, el escrutinio es lento, contradictorio y, ese sí, vinculante.
Dos formularios son la columna vertebral del proceso. El E-14 es el acta que diligencian los jurados de votación al cerrar cada mesa: ahí quedan los guarismos del conteo manual realizado por los ciudadanos que fungen como jurados. El E-24 es el cuadro que consolida la comisión escrutadora a partir de esas actas. Cuando las cifras del E-14 y del E-24 no coinciden sin explicación, surge el principal indicio de error o alteración, y es en ese punto donde el escrutinio puede corregir el resultado que arrojó el preconteo. El propio registrador nacional ha insistido, en el debate público de 2026, en que el software de divulgación no suma votos: el conteo lo hacen los jurados en la mesa con el E-14.
El escrutinio en Colombia es escalonado y sucesivo. Primero actúan las comisiones zonales o auxiliares y las distritales o municipales; luego los delegados del CNE adelantan el escrutinio general (departamental); y finalmente el Consejo Nacional Electoral realiza el escrutinio nacional y declara la elección. En cada nivel, candidatos, sus representantes y los testigos electorales pueden presentar reclamaciones por escrito.
Esas reclamaciones se rigen por el Código Electoral (Decreto 2241 de 1986). Su catálogo de causales contempla, entre otras situaciones, las mesas instaladas en lugares no autorizados, las actas firmadas por menos jurados de los exigidos, los casos en que el número de votantes supera el de ciudadanos aptos de la mesa, los documentos recibidos por fuera de tiempo, los errores aritméticos en el cómputo y las inconsistencias en nombres y apellidos consignados en las actas. Cuando la comisión encuentra fundada una reclamación, puede ordenar en el mismo acto excluir del cómputo el acta o el documento afectado. Vale la pena recordar una idea: estas causales son un mecanismo de control administrativo que se ejerce durante el conteo, ante las autoridades electorales, y no equivalen por sí solas a las causales de nulidad que estudia después la justicia.
El recuento es, antes que nada, una herramienta del propio proceso administrativo. Cuando una reclamación lo justifica o cuando aparecen inconsistencias entre el E-14 y el E-24, la comisión escrutadora puede reabrir el material electoral y volver a contar los votos de las mesas cuestionadas. No es un capricho ni un trámite automático: procede frente a indicios concretos y debe plantearse en la etapa del escrutinio en que se esté, para que se resuelva si corresponde recontar o revisar las actas en la consolidación.
Si el reclamante no obtiene satisfacción en sede administrativa, la inconformidad sobre el conteo no se pierde: queda abierta la vía judicial. Las decisiones de las autoridades electorales sobre la votación y los escrutinios se controlan, más adelante, junto con el acto que declara la elección, a través del proceso de nulidad electoral. En otras palabras, el recuento que no prospera ante el CNE puede revisarse después ante el juez.
Agotado el escrutinio y producida la declaratoria, entra en escena el medio de control de nulidad electoral, regulado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, Ley 1437 de 2011). Es una acción pública: la puede ejercer cualquier persona, no solo los candidatos. Y su rasgo más exigente es el tiempo, porque la caducidad es de apenas treinta días, contados, por regla general, desde el día siguiente a la declaratoria en audiencia pública o a la publicación del acto. Vencido ese plazo, la demanda se rechaza.
El CPACA enumera causales específicas de anulación electoral, entre ellas la violencia sobre electores o autoridades, la destrucción o el sabotaje de material o de los sistemas de votación y escrutinio, los documentos electorales con datos contrarios a la verdad o alterados para modificar los resultados, el cómputo de votos con violación del sistema de distribución de cargos, la elección de personas inhabilitadas y el parentesco de jurados o escrutadores con los candidatos. A esas causales se suman las de nulidad propias de cualquier acto administrativo. La nulidad de la elección de Presidente y Vicepresidente la conoce el Consejo de Estado en única instancia, por regla general a través de la Sección Quinta, que es la sala especializada en asuntos electorales; excepcionalmente, cuando el asunto reviste especial trascendencia jurídica, económica o social, o se requiere unificar jurisprudencia, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo puede avocar su conocimiento (CPACA, artículo 271). No se trata, entonces, de que la Sala Plena decida por defecto, sino de una posibilidad reservada a casos de especial relevancia.
El precedente que mejor ilustra el alcance de esta acción es el caso del partido MIRA. En sentencia del 8 de febrero de 2018 (radicado 11001-03-28-000-2014-00117-00), referida a las elecciones de Senado de 2014, el Consejo de Estado encontró diferencias injustificadas entre los formularios E-14 y E-24 en miles de mesas, recompuso el conteo y devolvió curules a esa colectividad. Más allá del resultado puntual, el fallo mostró que lo determinante no es el preconteo de la noche electoral, sino la trazabilidad del voto desde el acta de la mesa hasta la consolidación oficial. Ese fue, en la práctica, el terreno donde se resolvió la disputa.
El ciclo de 2026 no se agota en la Presidencia. El 8 de marzo se eligieron Senado y Cámara, y esos resultados tienen su propio régimen de control. Además de la nulidad electoral, frente a los congresistas existe la pérdida de investidura, regulada por la Ley 1881 de 2018. Son figuras distintas y no deben confundirse. La nulidad electoral examina la legalidad del acto de elección y, si prospera, anula la elección. La pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva: sanciona la conducta del congresista cuando, con dolo o culpa grave, incurre en una causal de las previstas en la Constitución (inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses, inasistencias, indebida destinación de dineros públicos o tráfico de influencias, entre otras).
Sus tiempos y competencias también difieren. La pérdida de investidura se tramita con doble instancia: en primera instancia conocen las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado y la apelación la resuelve la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Su caducidad es de cinco años desde el hecho generador, frente a los treinta días de la nulidad electoral. Cuando una curul cae por una u otra vía, la regla general en las elecciones de cuerpos colegiados es reasignarla dentro de la misma lista aplicando la cifra repartidora, salvo los casos en que opera la silla vacía por tratarse de una causal sancionatoria.
De forma práctica y sin alentar ningún resultado, estos son los carriles que abre el ordenamiento:
No. El preconteo es un dato preliminar e informativo que se divulga la noche electoral. El resultado con efectos jurídicos surge del escrutinio que practican las comisiones escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral, que es quien declara la elección presidencial.
La reclamación es un control administrativo que se presenta durante el escrutinio ante las autoridades electorales, conforme al Código Electoral (Decreto 2241 de 1986). La nulidad electoral es una acción judicial posterior a la declaratoria, regulada por el CPACA (Ley 1437 de 2011) y resuelta por el Consejo de Estado. No son lo mismo y se tramitan en momentos y ante autoridades distintas.
La caducidad del medio de control de nulidad electoral es de treinta días, contados por regla general desde el día siguiente a la declaratoria en audiencia pública o a la publicación del acto. Es un término de orden público que el juez aplica de oficio.
El E-14 es el acta que diligencian los jurados de votación con el resultado de cada mesa. El E-24 es el cuadro que consolida la comisión escrutadora a partir de esas actas. Las diferencias injustificadas entre ambos son el principal indicio de error o alteración en el conteo.
En las elecciones de cuerpos colegiados, por regla general la curul afectada se reasigna dentro de la misma lista aplicando la cifra repartidora, sin convocar una nueva elección, salvo los casos en que opera la silla vacía por una causal sancionatoria.
No. La nulidad electoral controla la legalidad del acto de elección y, si prospera, lo anula. La pérdida de investidura (Ley 1881 de 2018) sanciona la conducta del congresista cuando incurre, con dolo o culpa grave, en una causal constitucional. Tienen causales, términos y competencias diferentes.
Por regla general la conoce la Sección Quinta del Consejo de Estado, sala especializada en asuntos electorales, en única instancia. Solo de forma excepcional, cuando el asunto tiene especial trascendencia o se requiere unificar jurisprudencia, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo puede avocar su conocimiento (CPACA, artículo 271).
Este contenido es informativo y de divulgación sobre el marco jurídico electoral colombiano; no constituye asesoría jurídica ni un concepto sobre ningún caso en particular. Las cifras citadas corresponden al preconteo divulgado por la Registraduría y reportado por medios al 21 de junio de 2026, y no equivalen al resultado oficial, que surge del escrutinio. En nuestro equipo de abogados en Bogotá atendemos asuntos de derecho civil, comercial, laboral, penal, de familia y administrativo; no asumimos representación en litigios electorales especializados, pero orientamos en asuntos administrativos relacionados. Para temas vinculados con decisiones de autoridades públicas, puede conocer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y para relaciones contractuales con entidades estatales, las reglas de contratación pública y licitaciones.